Polémica por proyecto sobre la interceptación telefónica

El proyecto de ley sobre la interceptación telefónica planteada por el ejecutivo está causando polémica, porque aparentemente se pone en juego la libertad de expresión, sobre todo para los periodistas, quienes lo han analizado de diferentes perspectivas.

Se trata de la modificación del artículo 162 del código penal, que consta de dos partes, una que aumenta las penas y otra que añade un segundo tipo penal, donde dice que será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años, el que en perjuicio de tercero comercializa, transfiere, reproduce o adquiere en forma directa o indirecta en provecho propio o de terceras personas los registros de información obtenida indebidamente.

Lo que conmocionó a muchos periodistas es la palabra “reproduce”, ya que los periodistas, se valen de varias fuentes, ya sea video, grabación etc. Según Rosa María Palacios, este término da la impresión de que si un periodista recibe anónimamente una información en la cual haya un delito manifiesto en contra del Estado, no va poder ser trasmitido porque correría el riesgo de ir preso, incluso el mismo medio podría ser denunciado.

Parece que las modificaciones que se están haciendo en el código penal por el caso del “chuponeo” tiene el propósito de evitar que se hagan otras denuncias, es por eso que se presume que va en contra de la libertad de expresión. Porque si un periodista descubre o se entera de un delito por interceptación y no lo denuncia, cometería el delito de omisión de denuncia. La modificación que se quiere hacer suena un poco contradictorio.

Por eso la comisión de justicia del congreso tiene proyectado analizar este proyecto de ley para dar una sanción a la interceptación de las comunicaciones y no haya malas interpretaciones. Por su parte el congresista, Johnny Lescano expresó que se discutirá y se va proponer algún agregado para que no se pueda atentar contra la libertad de expresión y contra la lucha contra la corrupción.

Por otro lado la población tiene el derecho de conocer los actos de corrupción y de todo lo que realiza un servidor público, un funcionario, un ministro o un congresista, entre otros. Así lo dice la Constitución Política del Perú.